Veto a la acuicultura industrial por 300 millones en el puerto de Las Palmas

Las autoridades promoción económica de Holanda en España no salen de su asombro y tampoco saben la respuesta. Pesca no acelera la llegada de una inversión avalada por la banca de Países Bajos en el puerto de Las Palmas de 300 millones para dar salida a negocios como frigoríficos, mermados por el descenso de la muerte del turismo de todo incluido por la pandemia del Covid19 y consumo interior. El plazo para anunciar la inversión caduca el 30 de junio.

El gobierno de PP y Vox en Andalucía ya han ‘movido tecla’ para capturar la inversión cifrada en una primera fase en 300 millones de euros. ¿Y cuál es la miseria que mueve el sector? 38 millones de euros que se reparten Geremar, con granjas en Tenerife y Gran Canaria; Aquanaria, Opulent Ocean y Algaalimento (productora de microalgas) en Gran Canaria; Acuipalma en La Palma y el Grupo Ricardo Fuentes e Hijos en Lanzarote. Es decir: la inversión holandesa multiplica por cerca diez toda la cifra de negocio que hay en este mercado en las islas.

Además de representar un proyecto de I+D+i en el puerto de Las Palmas para las empresas de reparaciones navales, dado que hay que construir jaulas para unas profundidades industriales, la imagen de freno a la inversión exterior a un país como Países Bajos, que aporta liquidez para que en islas como El Hierro gocen de inversión europea al más alto nivel con el Feder, es esperpéntica.

A todo ello, la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias califica a la acuicultura de «un verdadero desastre ecológico y económico» y se ha preguntado «cómo se puede defender una atrocidad de este tamaño en nuestra tierra», Proexca y Cabildo de Gran Canaria buscan la manera de evitar que se repita lo del empresario Antonio Fernández al que le cerraron las puertas a producir pepino de mar en Lanzarote y tuvo que instalarse en Andalucía. El pepino de mar (200 euros el kilo en destino) forma parte de la locura de los técnicos de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que tiene a esa especie como prohibida su captura en las islas.

Negocio

Además de la ortodoxia de la Consejería de Agricultura y Pesca de Canarias con la acuicultura, en manos de una dirigente del PSOE en La Palma, el Programa Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC) data de 2008 y terminó de elaborarse en 2018. Canarias produce 7.000 toneladas de pescado al año. El PROAC es un disparate creado por CC en su etapa de administración regional y está completamente paralizado en Gran Canaria.

En los últimos años han surgido técnicas de explotación más alejadas de la costa y a más profundidad que no se abordan en el programa, al igual que ocurre con las nuevas especies de cría en granjas marinas o los cultivos multitróficos, que en Canarias aún no se han introducido y tampoco están previstos en el programa.

Los peces en jaulas se alimentan de pienso, pero sus excrementos pueden servir también de nutrientes para especies como las algas y moluscos como los mejillones. Si se logra crear unan red trófica, se reduce el impacto en el medio marino y son menos los residuos que se generan, añade.

Ahora se dispone de mucha más información sobre esta actividad y las zonas donde se puede desarrollar, por lo sostiene que es preciso mejorar el PROAC para que el sector pueda crecer en las islas. Los nuevos cultivos alejados de la costa incluso son compatibles con otras actividades que también se pretenden introducir en las islas, como es el caso de los parques eólicos marinos, aspectos que tampoco se abordan en el programa.

Canarias cuenta con más de treinta polígonos para la explotación acuícola, pero algunos deberían ubicarse en zonas más atractivas para los empresarios porque no resultan rentables social y económicamente, ya que son áreas que presentan más riesgo para los trabajadores y que suponen un coste mayor.

Pesca podemizada

Otro de los aspectos a mejorar en el PROAC son los multicultivos, pues solo se permite la explotación por especie, de manera que cada vez que se quiere introducir una nueva es necesario solicitar otra licencia, lo que puede tardar años en tramitarse. La lista de especies también se tiene que actualizar porque se dispone de tecnología para nuevos cultivos pero no están permitidos porque no hay licencias.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta, sin embargo, asegura que cambiar el marco normativo supone entrar de nuevo en un proceso de cinco años de duración, que es lo que se podría tardar en sacar un nuevo PROAC, una nueva Ley de Pesca y su reglamento.

Dorta considera que «hay que ser realistas porque el sector está demandando que se aplique el PROAC» pese a las carencias y dificultades que contiene y la Consejería tiene que «seguir caminando» con los medios que se disponen y tratar de resolver las peticiones y problemas a los que se enfrentan los dueños de estas explotaciones.

El director general de Pesca reconoce que el programa no incluye concesiones para determinadas algas y nuevas especies en los cultivos con tanque en tierra o en las granjas off shore, admite, por lo que probablemente habrá que abordar estos cambios aunque su trámite es largo.

En cualquier caso, Dorta asegura que se trata de un sector rentable, presente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma; seguro, pues está sujeto a numerosos controles periódicos, y además está considerado como estratégico por la UE, lo que implica que cuenta con apoyo de fondos europeos.

Empleo en Canarias

El nuevo listado comenzó a elaborarse a principios de 2020 e incluye la explotación de holoturias y de distintas variedades de algas y su demora se debe la parálisis administrativa por el confinamiento y a un «sinsentido» de la Ley de Pesca. Los cabildos dieron el visto bueno al PROAC y a que la Consejería fuera el órgano competente en admitir o denegar la introducción de nuevas especies, por lo que no se entiende que se tenga de dar audiencia a las corporaciones insulares, que es lo que establece la ley, remarca Dorta.

Dorta recuerda también que el PROAC fue aprobado en la legislatura anterior y la Consejería lo está aplicando, y prueba de ello es que ha sacado adelante los estudios de impacto ambiental de las zonas de cultivo, como establece el programa, que implicará la retirada de algunas jaulas de determinadas áreas. Los estudios de detalle de las zonas de cultivo de La Palma y Lanzarote ya están concluidos y quedan pendiente de finalizar los de Tenerife y Gran Canaria.