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Rácanos: la derecha estibadora de Canarias manda 30.000 euros a La Palma




Salarios de entre 4.000 y 8.800 euros pero una donación de 30.000 euros para los afectados por el volcán de La Palma. Si en Canarias hay 500 estibadores, dato no empírico, son 60 euros por cabeza.

El presidente del sindicato de estibadores de Las Palmas, Máximo Díaz, apuntó este jueves que el pasado 24 de septiembre una asamblea general de su organización de clase acordó destinar parte de sus honorarios profesionales a los afectados por el volcán de La Palma. Ahora, en Las Palmas, es un colectivo de 350 personas pero en 2007 eran 540. Para trabajar de estibador hay que sortear una serie de barreras que haría imposible entrar en ese circuito.

Desde 1986, la estiba ha gozado de un régimen especial por el que se obligaba a las empresas de estibadores a ser accionistas de la sagep y a contratar prioritaria y exclusivamente a los trabajadores vinculados a las mismas. En 2014, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a España a modificar esta legislación por considerar que no respetaba la libertad de establecimiento de empresas, algo que la Comisión Europea venía pidiendo hacer desde 2012.

Con esos salarios y con esos números de plantilla, Díaz aseguró sobre el volcán de La Palma en TV Canaria que «la solidaridad es una característica de este colectivo portuario», ya sea «con horas de trabajo para organizaciones humanitarias o recaudando dinero o bienes de primera necesidad para personas necesitadas». Por esta razón, «cada mes, cada trabajador deriva un porcentaje de su salario que se va guardando en una cuenta común para estos fines humanitarios».

El pasado verano la Audiencia Nacional ha anulado parte del IV Acuerdo Marco de la estiba, incluida la disposición que preveía la subrogación forzosa de todos los trabajadores que formaban parte del sector antes de su liberalización, al considerar que ocasiona «un grave perjuicio económico» a las empresas.

La sala de lo Social estimó la demanda de la patronal Asoport, y consideró que esta subrogración es inconstitucional, ya que obliga a las compañías a hacerse cargo de un número determinado de trabajadores «por el mero hecho de haber sido obligadas a participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (sagep)».

En opinión de la sala, ello ocasiona a las empresas «un grave perjuicio económico -equivalente al sobrecoste laboral del mantenimiento de los contratos y las condiciones de trabajo- y una clara desventaja competitiva respecto de nuevos operadores que no asuman ninguna actividad ni formaban parte de la sagep».

El Gobierno aprobó en 2017 un real decreto que establecía la plena libertad de contratación de los trabajadores y eliminaba la obligación de las empresas estibadoras de participar en la sagep. Sin embargo, tras la convalidación de aquella norma, los estibadores convocaron una huelga porque el texto de la ley no garantizaba el mantenimiento ni la continuidad del empleo. Finalmente, se introdujo una disposición adicional en virtud de la cual las empresas que optaran por separarse de la Sagep tendrían que subrogarse el personal «en proporción a su participación» en la sociedad de gestión.


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