Lo que entiende por fraude la Secretaría de Estado de Presupuestos sobre fondos de la UE

La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos dirige y coordina, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, tiene lo que se denomina el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este órgano es que el lucha contra el vaciado de dinero público en entidades públicas y organizaciones prestatarias de servicios por la defensa del interés general cuando se trata de irregularidades en fondos europeos. Los técnicos, tanto en Canarias como en Madrid y Bruselas, impulsan controles cuando tienen datos de mala praxis porque, entre otros, España se juega mucho en cuanto a su reputación con la captación de fondos producto de la pandemia del Covid19. Pero la norma no es de ahora, es de 2017.

Pero, ¿qué entiende la CE y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude cuando se trata de sospechas? La instrucción de 2017 es dura porque solamente la mera sospecha ya es base para atacar. Así, literalmente, señala que «se entiende por sospecha de fraude la irregularidad que dé lugar a la incoación de un procedimiento administrativo o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencionado, en particular de un fraude, tal y como se contempla en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas”.

En plata, esto significa: «la existencia de un procedimiento administrativo o judicial tendente a la determinación de la existencia de fraude es un elemento determinante para clasificar una determinada irregularidad como sospecha de fraude a efectos de su notificación o comunicación a la Comisión Europea. En este sentido, el documento de trabajo “La lucha contra el fraude y otras actividades ilegales- Requisitos para la comunicación de irregularidades por los Estados miembros”, elaborado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el año 2011, establece en su apartado 5.1 relativo al concepto de “sospecha de fraude” que, entre otras cuestiones, cualquier irregularidad debería ser clasificada como sospecha de fraude si es remitida al Ministerio Fiscal a efectos de que realice las actuaciones que procedan en cada caso.

¿Qué es una irregularidad?

En noviembre de 2018 la subdirectora general de la Intervención General del Espado, Mercedes Rodríguez Tarrida, firmó una instrucción en la que señala que «el concepto de irregularidad «toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido”.

Salvo cuando la persona que comunique la información solicite expresamente lo contrario, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude guarda total confidencialidad respecto de la identidad de denunciantes de fraudes o irregularidades, de forma que la misma no será revelada a persona alguna.