Primera misión del nuevo bernardino de Naviera Armas: extraer fondos de la SEPI

Fernando Val Martínez ha comenzado a mandar en Naviera Armas aplicando herramientas de soft skills: capacidad de comunicarser, trabajo en equipo y resolución de problemas complejos. Y este es el mayor problema que tiene la empresa: el bloqueo por parte de los funcionarios de la SEPI a inyectar 100 millones de euros, otras fuentes dicen que son 120 millones, en Naviera Armas Trasmediterránea para que la empresa no vaya al desguace y aplique fórmulas para cumplir ante a los dueños de deuda sus compromisos previstos en 2023.

Si el año 2020 fue horrible para el transporte marítimo, Naviera Armas Trasmediterránea tiene en 2021 otro problema: el cierre por parte de Marruecos de sus puertos procedentes desde España por la Operación Paso del Estrecho, que se esperaba generase flujo de caja en la compañía tras la venta a Grimaldi del negocio del mediterráneo. El nombramiento de Val, junto a los diferentes frentes abiertos que tiene Naviera Armas Trasmediterránea y a la complejidad derivada de las operaciones con Grimaldi, pueden influir en el lento avance para adoptar una velocidad de nueva normalidad financiera.

Val Martínez tiene a su favor a María Belén Gualda González, nueva presidenta de la SEPI tras estar al frente de Navantia, que asumió un puesto que llevaba ya casi año y medio vacante y ocupado de forma interina por el vicepresidente del hólding público. Gualda conocería a la perfeción la importancia que representa para la industria del transporte española que Naviera Armas no se pierda en una espiral de retrasos por discrepancias técnicas. Fuentes más próximas al Gobierno consultadas apuntan sin embargo a la complejidad de este tipo de operaciones de rescate como Armas Trasmediterránea, en las que además se maneja dinero público.

El problema de Armas no es aislado; pero sín es quizás el asunto de mayor enjundia que tiene la SEPI sobre su mesa. Más de medio centenar de empresas en apuros espera la ayuda del fondo de rescate gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales , que a falta de un mes para que cumpla su primer año de vida únicamente ha acudido al rescate de cuatro entidades y empleado menos del 10 % de su dotación.

Creado el 3 de julio de 2020, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, adscrito al Ministerio de Hacienda, tan sólo ha aprobado hasta el momento el rescate de Air Europa, con créditos por 475 millones de euros, Ávoris (320), Duro Felguera (120) y Plus Ultra (53).

Ese último rescate ha desatado fuertes críticas por parte de la oposición y parte del sector empresarial e, incluso, se ha abierto una investigación judicial sobre la operación por una posible malversación de fondos por parte del Gobierno. La oposición ve irregular que se haya ayudado a una aerolínea de un tamaño tan reducido (lo que hace dudar de su carácter estratégico) y que siempre ha estado en pérdidas (no sólo a raíz de la pandemia), al tiempo que sospecha que su accionariado tenga vínculos con el chavismo a través de empresarios venezolanos.

Desde parte del ámbito empresarial se teme que hayan sido precisamente esas críticas las responsables de que el consejo gestor del fondo (integrado por los máximos responsables de SEPI, las Secretarías de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Industria y Pyme, y Energía, y la Subsecretaría de Hacienda) no haya vuelto a autorizar ninguna otra ayuda desde aquel rescate, aprobado el 9 de marzo.

En cualquier caso, se espera que en las próximas semanas se acelere la aprobación de algunas de las peticiones de ayuda cuyas tramitaciones se encuentran más avanzadas y no entrañan una particular complejidad.

El objetivo último del fondo es prestar apoyo público temporal a grandes empresas no financieras que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el Covid-19 y que sean consideradas estratégicas. No en vano, y por regla general, el mínimo que se puede solicitar son 25 millones.

La consideración de estratégica puede venir motivada por el impacto social y económico de la empresa, su relevancia para la seguridad, la salud, las infraestructuras o las comunicaciones, o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

A través de este fondo, el Estado puede suscribir préstamos participativos, comprar deuda subordinada o suscribir acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que obtenga el Estado de estas inversiones se ingresarán en el Tesoro Público.

Aunque previsiblemente el número de empresas que están llamando a la puerta del fondo estará subiendo con fuerza durante esta primavera, según van cerrando las cuentas de 2020, hasta ahora únicamente se ha acudido al rescate de cuatro grupos empresariales, con 968 millones comprometidos, de una dotación inicial de 10.000 millones que podría incluso ampliarse.

Desde entonces, cerca de medio centenar de empresas han llamado a la puerta del Fondo de Rescate, reclamando al menos 4.000 millones, según cálculos de Efe, entre ellas Tubos Reunidos, que ha pedido cerca de 115 millones, y Abengoa, que demanda 249 millones a través de su filial Abenewco 1.

En marzo el Gobierno amplió de junio a diciembre el plazo para poder solicitar estos rescates, a los que también han acudido ya el grupo turístico Wamos (75 millones), las cadenas hoteleras Hesperia (55), Room Mate (52), Hotusa (200), Soho (32) y Serhs (35), el grupo de autobuses y trenes turísticos y transporte de viajeros Juliá (37) o la aerolínea Air Nostrum (103).

Entre los peticionarios figuran también Naviera Armas (el grupo en el que se integra Trasmediterránea), Hotelatelier (propietario de los Petit Palace y los Icon), Abades (con 63 establecimientos entre hoteles -sobre todo en Andalucía- restaurantes, servicios de cáterin y áreas de servicio) o la agencia de viajes Pangea.

Fuera del sector turístico, también ha hecho públicas sus peticiones la tecnológica Airtificial (30), que fabrica y diseña componentes para sectores de automoción, aeronáutica y obra civil, Grupo Villar Mir (240 millones)o la cadena de gimnasios Holmes (26), entre otras. Hasta el momento la petición más elevada es la de Celsa, la mayor siderúrgica española, con unos 700 millones, al tiempo que la de Mediapro podría rondar los 300 millones.