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Luz verde para que Hidalgo facture ecotasa a los cruceristas de Las Palmas

Desde esta semana el Gobierno de Canarias puede comenzar a preparar el cobro de una ecotasa a los cruceristas para las arcas municipales del Ayuntamiento de la capital grancanaria que dirige Augusto Hidalgo, que optaría a ser candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria en 2023. Esta posibilidad puede producirse en Arrecife de Lanzarote o Puerto del Rosario.

El Tribunal Constitucional (TC) hizo pública este junio una sentencia en la que avala el impuesto de la Generalitat de Catalunya que fija una tasa turística a los visitantes que lleguen en crucero a la comunidad con la finalidad de financiar servicios locales en Barcelona.

La sentencia, cuya ponente ha sido la vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca, descarta que el impuesto catalán, al sujetar la estancia en las embarcaciones de crucero turístico, haya infringido la prohibición de equivalencia con los tributos estatales del art. 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en relación con la tasa estatal portuaria del buque (T-1) que se exige por la utilización especial de las instalaciones portuarias por parte del buque, al tratarse de categorías tributarias diferentes.

No se considera que la comunidad autónoma haya invadido la competencia exclusiva estatal sobre Hacienda general (art. 149.1.14 CE) habilitando al Ayuntamiento de Barcelona para establecer mediante ordenanza, y con los límites impuestos por la ley autonómica, un recargo sobre las tarifas de este impuesto catalán correspondientes a Barcelona ciudad.

Esa norma nunca fue suspendida por el Constitucional porque no se solicitaron esas medidas cautelares. El recargo pretende compensar los efectos de superior densidad turística» y «que se produce en la ciudad de Barcelona durante todo el año no es equiparable a ningún otro municipio».

La sentencia del Constitucional descarta el recurso del PP contra el artículo 5 de la ley que aprobó en abril del 2020 el Parlamento catalán para crear un impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, que establecía una tarifa diaria a pagar por cualquier estancia turística en Catalunya, cuya cantidad variaba en función del tipo de alojamiento, la duración y la población.

El Constitucional afirma que no existe en la ley catalana “discriminación” entre visitantes a Catalunya sin pernoctación en función del medio de transporte por el que se llegue a una ciudad de esa ­comunidad, “porque este impuesto, no somete a gravamen las visitas turísticas a ciudades catalanas, sino las es­tancias en establecimientos turísticos situados en Catalunya”.


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