El ‘caso Marín’, la investigación sobre si la jefa de Dominio Público del Puerto de Las Palmas, Elena Marín, facilitó a su pareja, Hubert Lang Lenton, información que podría alterar la concurrencia a licitaciones, cumple dos años este agosto. Las primeras conclusiones judiciales se comenzarán a conocer a partir de otoño. Se trata de una investigación que antes fue interna y taponada por el círculo de poder del expresidente portuario Juan José Cardona (PP). Aquí puede leer la versión de Lang Lenton y Elena Marín.
La autopsia que están realizando los tribunales incluye material informático. Así, una de las medidas es la geolocalización de teléfonos móviles a petición de una de las partes para poder confirmar visitas y periodos de estancia de Marín en dependencias de la empresa de ingeniería de su pareja y se que beneficiaría de información confidencial.
Entre otros, las autoridades tienen en su poder correos electrónicos en los que Elena Marín remitiría a Análisis Ingenieros, cuyo cotitular sigue siendo Lang-Lenton porque la empresa no se ha desguazado todavía, información interna para la redacción de algunas unidades de mercado, es decir, proyectos.
Fuentes conocedoras del proceso indicaron a Puertos928 que la clave es saber cómo llegó a la conclusión el Puerto de Las Palmas de las ventajas que ofrecía la empresa frente a otros operadores y si fallaron mecanismos de prevención de prácticas poco honestas en los procedimientos investigados.
El director del Puerto de La Luz y de Las Palmas con el PP, Salvador Capella, firmó un documento que apuntaba que las «conductas» de «infracción disciplinaria de carácter muy grave» no existen.
La brigada política del que fuera presidente del Puerto de Las Palmas, Juan José Cardona (PP), enterró cualquier responsabilidad. En verano de 2018 el empresario Juan Luis Bethencourt Gallego denunció que la jefa de Dominio Público del Puerto de Las Palmas pasaría información privilegiada a su pareja sentimental, según ‘La Provincia’ y el propio informe de Capella, Hubert Lang Lenton Barrera. Bethencourt y Lang Lenton Barrera eran socios en la mercantil Análisis Ingenieros hasta que reventó el primero al negarse a establecer mecanismos matemáticos de incentivos a la funcionaria, según ‘Canarias 7’.
Mientras Capella firma un texto donde asegura que Marín operaba con exceso de celo para no favorecer a Lang Lenton Barrera, Bethencourt denuncia todo lo contrario: que Marín era el brazo intelectual para que operadores privados pagasen como peaje para acceder a contratos públicos al despacho de su pareja. Hay un detalle de la investigación que llama la atención a los expertos consulados: y es que Bethencourt firmaba los proyectos como puerta de escape legal.
En la denuncia Bethencourt asegura que su exsocio le pidió un porcentaje sobre el negocio que se generarse en el Puerto de Las Palmas. «Se decía que todo lo que presentaba Hubert se tramitaba de forma más rápida y se veía con otros ojos por Dominio Público», afirmaba en 2019 ‘Canarias7’. Las empresas que serían objeto de deseo para captarlas como clientes serían: Sagep, Boluda, MSC Opcsa o una filial de Zamakona además de Halminton (Transcoma), que pagaría un millón de euros por un servicio de dirección de obra.
