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La presencia de piquetes, clave en la huelga de transporte en Las Palmas




La presencia de piquetes informativos y medidas que puedan generar un caos en el tráfico de El Sebadal y Arinaga, con el consiguiente impacto en áreas de tránsito pesado de Gran Canaria, es lo que marcará el impacto social de la huelga del transporte que vivirá el puerto de Las Palmas desde el 20 al 22 de diciembre. La CETM ha decido, por unanimidad, mantener los paros ya que la situación no ha variado y se está esperando una propuesta por escrito del Gobierno para avanzar en la problemática que sufre este sector.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que anda privado por el cese del volcán de su isla natal, La Palma, apenas ha dejado entrever qué dispositivo de seguridad hay previsto en el motor económico de Canarias. Otro tanto en el ayuntamiento de la capital grancanaria, que ha estado más concentrado en el populismo circulatorio de la Cabalgata de Reyes del 5 de enero. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, tiene convocado un consejo de administración para el lunes 20 y no quedará más remedio que hacerlo por vía telemática para cumplir con la agenda y quórum.

El artículo 18 del reglamento de gestión y funcionamiento del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas señala que «para que el Consejo de Administración pueda constituirse válidamente será necesario que concurran a sus reuniones, presentes o representados, de forma presencial o a distancia, según los casos, la mitad más uno de sus miembros y, en todo caso, el presidente o vicepresidente (sic) y el secretario o vicesecretario».

Desde mayo de 2021, la norma, impulsada por el PSOE con el apoyo de sus socios de Gobierno, ha eliminado el apartado 3 del artículo 315 del Código de Penal, aprobado en 1995, que establece que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».

Entre Opcsa, Gesport y Boluda se dejarán de mover 1.000 contenedores con el consiguiente perjuicio en Aduanas posteriormente. Las cadenas de distribución han acelerado esta semana la llegada de mercancías porque tras el 22 de diciembre hay que suminstrar en tiendas y grandes superficies pero sin margen de garantía. Las empresas industriales que emplean ingredientes o empresas de importación no se atreven a garantizar la llegada de mercancías en tiempo y forma.


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