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La derecha estibadora pierde el imperio del monopolio laboral portuario

La Audiencia Nacional (AN) ha anulado parte del IV Acuerdo Marco de la estiba, incluida la disposición que preveía la subrogación forzosa de todos los trabajadores que formaban parte del sector antes de su liberalización, al considerar que ocasiona «un grave perjuicio económico» a las empresas este formato de contratación. La derecha estibadora ha anunciado recurso. El negocio laboral de la estiba en Las Palmas es de al menos 30 millones de euros cada año. El abogado de los profesionales de la estiba es Víctor Díaz.

En una sentencia conocida este martes, la sala de lo Social de la AN estima la demanda de la patronal Asoport, y considera que esta subrogación es inconstitucional, ya que obliga a las compañías a hacerse cargo de un número determinado de trabajadores «por el mero hecho de haber sido obligadas a participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (sagep)».

En opinión de la sala, ello ocasiona a las empresas «un grave perjuicio económico -equivalente al sobrecoste laboral del mantenimiento de los contratos y las condiciones de trabajo- y una clara desventaja competitiva respecto de nuevos operadores que no asuman ninguna actividad ni formaban parte de la Sagep».

El sindicato derechista Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario en el sector de la estiba, ha informado de que va recurrir la sentencia emitida por la Audiencia Nacional que anula parte del IV Acuerdo Marco de la estiba, incluida la subrogación forzosa de los trabajadores.

La Coordinadora anuncia en un comunicado dicho recurso, si bien señala que procederá a «un análisis de los efectos» que la sentencia, que estima en parte la demanda presentada por la patronal, Asopor, pueda tener en el sector. Asimismo, considera que es «urgente concluir el proceso legislativo en el sector de la estiba portuaria para así poder cerrar la negociación del V Acuerdo».

El sindicato añade que es «consciente» de la «modificación legislativa y de la necesidad de contar con un convenio colectivo plenamente adaptado a la norma». Sin embargo, considera que es «posible una interpretación integradora de las disposiciones del IV Acuerdo estatal».


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