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La cruzada contra la eólica de Canarias lastra a Boluda Suárez, Carballo Grosa y Bony

Las empresas logísticas como Boluda, La Luz Market (BS Cargo) y grúas de gran tonelaje que se dedican a dar servicios a empresas de energías renovables como Endesa, Naturgy o Iberdrola, promotoras como Elecnor, Satocan y fabricantes como Enercon o Siemens Gamesa en eólica o Huawei en fotovoltaica serán las más afectadas por el parón en seco que el Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles en el Parlamento de Canarias. El Colegio de Ingeniería Industrial de Las Palmas mantiene silencio por el impacto en la mano de obra que se deja de producir y el pacto de gobierno puede vivir su primera crisis de 2021 justo cuando cumple dos años de mandato. Solamente en fotovoltaica los proyectos provisionalmente financiados por el Feder suman una potencia total de 255 megavatios (MW) y 115 millones de euros, 18% en Fuerteventura que se queda en el limbo.

Una de las empresas más afectadas por la medida que ha improvisado el PSOE en Transición Ecológica en las últimas semanas y confirmada ya en sede parlamentaria esta semana sería el mayor operador logístico en las islas en este segmento de negocio, Boluda Suárez Cargo. En el ámbito de grúas estarían afectadas Bony y el grupo Carvallo Grosa. Mientras el PSOE bloquea las inversiones en eólica o fotovoltaica su líder y presidente regional, Ángel Víctor Torres, anuncia 466 millones de euros para energías renovables procedentes de los fondos europeos de reconstrucción. La decisión anunciada esta semana deja fuera de cobertura la ejecución de planes comprometidos por Bruselas en Fuerteventura, clave porque tiene un mismo sistema energético al estar conectado a Lanzarote.

Para comprender el operativo logístico que mueve el sector, Boluda Suárez, solamente en julio de 2020, en plena resaca de confinamiento, la BS Cargo, hizo la operativa de descarga, transporte y acopio de todos los componentes eólicos que configuran 72 aerogeneradores de doce ubicaciones de la isla de Gran Canaria con capacidad para generar un total de 70,45 megavatios, lo que va a posibilitar el abastecimiento eléctrico a 70.450 hogares en municipios de Gran Canaria. A finales de 2022 en Lanzarote se prevé abrir un parque nuevo en San Bartolomé, que se suma a los ya existentes en Los Valles, Punta Grande, Teguise y desde hace dos años, Arrecife.

Mesa del pacto

En Canarias todas las crisis de pactos siempre han venido por la ordenación del territorio en materia de aguas o energía. Boluda Cargo tiene acuerdos con Enercon y Enercon es el mayor operador de molinos de Canarias porque su tecnología capta mejor los vientos rasantes.

El líder de partido socio del Gobierno de Canarias no descartó este miércoles a Puertos928 que «el descontrol del gabinete de Ángel Víctor Torres con la eólica y fotovoltaica haya consolidado ya el inicio una crisis del pacto» que tiene desde hace dos años con nacionalistas, insularistas gomeros y partido morado dividido por su desaparición en Fuerteventura y rechazo al proyecto de Chira Soria en la capital grancanaria. Las previsiones de ingresos de las empresas se han paralizado porque las declaraciones de interés general ya no tendrán sentido porque podrán ser torpedeadas por los populistas del medio ambiente.

Los parques eólicos que no tengan la consideración de interés general se podrán parar, ha manifestado este miércoles en el Parlamento regional el consejero de consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena (PSOE).

Fuerteventura

La decisión del PSOE de Tenerife implica que las licitaciones ganadas con apoyo del Feder se pierden. El PSOE aludió a los parques eólicos de Fuerteventura porque un diputado del grupo socialista Ignacio Lavandera acusó a CC, desde el gobierno regional y con Fernando Clavijo como presidente de Canarias, de dar consideraciones de interés general «como churros, para poner molinos de viento».

A partir de ahora todo el poder estará en manos de cabildos que, a su vez, meten en el asunto a ayuntamientos. Y todo esto con un 66% de paro juvenil. Los planes programados se congelan: ya a Iberdrola le han paralizado las inversiones de fotovoltaica en mayo pasado tras superar todo el calvario administrativo para invertir en La Oliva, Fuerteventura. A Enel Green Power, igual aunque su filial Endesa tiene centrales térmicas con las que no perder cuota de mercado.

El consejero Valbuena, que ha comparecido a instancia del grupo socialista para hablar de la planificación de la implantación de las energías renovables en Canarias, ha señalado que cuando haya que conceder la declaración de interés general de un parque eólico se empoderará a los cabildos para que tengan la última palabra. Ha señalado que el informe de los cabildos sobre el interés general de un parque eólico será preceptivo y vinculante, de forma que si está de acuerdo con una instalación de ese tipo, y ésta cumple los requisitos ambientales, el gobierno regional no podrá oponerse a la decisión.

«Empoderar a los cabildos»

De este modo será una «novedad importante» que los cabildos tengan poder decisorio, ha indicado el consejero, quien durante su intervención ha reconocido que «todos» han cometido errores en materia de implantación de energías renovables José Antonio Valbuena ha admitido que no sabe qué habría ocurrido si el Cabildo de Fuerteventura se hubiera podido pronunciar acerca de determinados parque eólicos que están previstos en la isla, y ha insistido en que el problema es la falta de planificación que hay en Canarias.

Acusaciones que rechazó por sectarias y sesgadas el diputado del grupo Nacionalista Jesús Machín, quien recordó que desde 2011 hasta la actualidad las decisiones del Cabildo de Fuerteventura en materia de energía han correspondido a los socialistas Ornella Chacón y Blas Acosta.

El consejero ha insistido en que «todos» han cometido errores y ha destacado que se está «en los últimos minutos de la cuenta atrás» para actuar contra el cambio climático. Por ello ha reclamado que las administraciones «se pongan las pilas», de forma que durante el próximo curso legislativo se apruebe la ley de cambio climático y se tramiten las leyes de biodiversidad y de economía circular, de forma que se aprueben antes de la próxima legislatura.


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