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Implacable Guardia Civil: cae una mafia de industriales de carne que usaba el puerto de Las Palmas




Este sería uno de los sistemas: se trincan varios kilos de carne caducada, se mezclan unas con otras al molerse y se hacen bandejas de hamburguesas: cuatro piezas, dos euros. ¿Quién va a dudar de la calidad en un territorio con 60% de desempleo real? Así funciona la comida falsa de traficantes de comida sin escrúpulos. Para no ser detectados, acaba en locales de restauración. Todo eso, con conocimiento de los dueños de negocios de hostelería. Al menos hay ocho intervenidos en Las Palmas.

Agentes de la Guardia Civil han acabado con una red mafiosa formada por mayoristas del negocio de la carne y empleaba el puerto de Las Palmas para colocar comida caducada en islas como Fuerteventura y Lanzarote. Han sido detenidas más de veinte personas por manejar 253.000 kilos de carne caducada o en mal estado; pero se ha inmovilizado 900.000 kilos, es decir, que el número de kilos de carne tóxica puede crecer. Al menos ocho tiendas de estos criminales tendrían conocimiento de estar vendiendo en sus locales mercancía no apta para el consumo y la adquirían a precio inferior de mercado.

El desarrollo de la investigación permitió conocer que un grupo de empresas dedicadas a la distribución de productos cárnicos a nivel regional operaban desde bases industriales y desde donde se enviaban sus productos hacia sus clientes apantallando y blanqueando partidas cárnicas. En la operación, se han inspeccionado al menos a ocho empresas y se ha procedido al precinto de una nave desde donde se realizaban estas prácticas de manipulación del etiquetado, modificación de fechas de envasado y de congelación, y desde donde se derivaban los productos una vez manipulados, a los centros logísticos de distribución para su posterior reparto a los clientes.

La inspección y clausura de esta nave ilegal se produjo tras averiguar que se estaba procediendo a la manipulación y cambio de etiquetado de una partida de productos con etiquetas falsas procedentes de una empresa investigada en Las Palmas.

Se trata de inmovilizar productos congelados de pollo, ternera y cerdo en varias actuaciones conjuntas junto a personal especializado en la lucha contra fraudes alimentarios. El juzgado número uno de Las Palmas capital les acusa ya de delitos relacionados con la seguridad y calidad alimentaria, pertenencia a grupo criminal, delitos de estafa, falsificación y contra la propiedad industrial.

La Guardia Civil detenido a 22 personas por su presunta participación en la venta de 253 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano por estar caducados y que se distribuían desde Las Palmas de Gran Canaria a otras islas

La investigación dirigida por el Juzgado número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, la ha llevado a cabo el Seprona en colaboración con los técnicos inspectores de Salud Pública (TISP), del Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, tras una inspección llevada a cabo en diciembre de 2018 en una nave de la capital grancanaria dedicada a la venta al por mayor de alimentos frescos, refrigerados y congelados.

Desde este establecimiento, de venta al por mayor, se distribuía estos alimentos a otros puntos de venta, principalmente de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La operación que ha permitido la detención de estas personas se ha denominado «Bife» dada la cantidad de carne incautada, indica la Guardia Civil, que añade que parte de los alimentos se hallaban caducados, mal etiquetados o no era posible seguir su trazabilidad.

Se inmovilizaron 900.000 kilos de carne adquirida por otros dos distribuidores y varios restaurantes que aún no la habían puesto en el mercado y que no era apta para el consumo humano por estar considerados residuos «Sandach». Los 22 detenidos eran responsables de ocho establecimientos que presuntamente conocían la caducidad de la mercancía y la adquirían a un precio inferior al establecido, y todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de los de Las Palmas de Gran Canaria por supuestos delitos continuados contra la salud pública, falsedad documental, estafa y contra la propiedad industrial.

Ante el volumen de mercancía que se almacenaba en las cámaras frigoríficas y la imposibilidad de verificar en ese momento si toda ella cumplía con los requisitos de seguridad alimentaria, se procedió a la inmovilización de los productos y al precinto de la nave para evitar la comercialización de productos no aptos para el consumo humano. Una vez que se verificó toda la mercancía, se comprobó irregularidades como fecha de consumo preferente o de caducidad superada; sustitución de etiquetas originales por otras falsas con fechas actualizadas; carnes que, según la indicación de su etiquetado debía conservarse refrigerada, se encontraban congeladas y pasadas de fecha para su consumo.

Así mismo, se hallaron piezas de carnes que venían de origen envasadas al vacío con etiqueta en su interior y con un corte en el envoltorio faltando su etiquetado original interno, siendo este sustituido por otra etiqueta falsa que se había adherido en el exterior del envase y ocultando el corte realizado. Se intervino también mucha mercancía de la que no era posible seguir su trazabilidad por carecer de documentación que justifique la procedencia legal. Ante el riesgo que todo ello suponía para la salud pública, se procedió a la inmovilización de toda la mercancía y al cese cautelar de la actividad, además de a la incautación de etiquetas falsas con las marcas, logos y datos de las empresas elaboradoras.


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