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Hacienda apunta alto: socios de proyectos con la Fundación Puertos deben demostrar «expectativas sociales de conducta prudente»




Hacienda ha previsto que las organizaciones que han participado, y participan en algunos casos porque no han caducado, en proyectos europeos de la Fundación Puertos de Las Palmas deberán facilitar en septiembre de 2021 una memoria de lo que los técnicos llaman «expectativas sociales de conducta prudente» y que generó esas alianzas para concurrir a licitaciones de proyectos internacionales vinculados a la UE. La medida forma parte de las instrucciones que recibirán en pocas semanas dichas entidades. No se descarta que afecte a proveedores y no bastará las facturas.

El estudio de las cuentas hace replantear el modelo seguido hasta ahora y se prevé «evaluar el fundamento empresarial de las transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios y de los términos y las condiciones bajo los que se han realizado entre el medio propio y la entidad de la que depende y realiza encargos».

¿Qué pistas se siguen?

Para la comprobación de indicios de incorrección material debida a fraude hay una receta ya marcada. «rotación inusualmente elevada de miembros de la alta dirección o de los asesores profesionales; participación de intermediarios en transacciones significativas, para las que no parece existir una justificación empresarial clara; evidencia de una participación o un interés excesivo de la parte vinculada en la selección de políticas contables o en la determinación de estimaciones significativas».

La base jurídica de estas peticiones advierte que los incumplimientos de «acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes» y y que han de estar relacionadas con las actividades empresariales de la entidad.

Entre estos incumplimientos se incluyen no solo los actos ilegales, sino también las inobservancias de cláusulas contractuales o acuerdos de concesión de subvenciones. Por otra parte, se denomina «abuso» a toda conducta que «en una organización, programa, actividad o función pública se desvía de las expectativas sociales de conducta prudente».

La auditoría que se encargue de la gestión de la entidad deberá proporcionar «una garantía razonable en la detección de actos ilegales que puedan tener un efecto directo o indirecto con entidad suficiente en los estados financieros, incluso se habrán de plantear pruebas de cumplimiento de la legalidad con mayor alcance, aunque esta no tenga efectos inmediatos con entidad suficiente en dichos estados financieros», señala la orden oficial.


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