La Federación de Empresarios Metal de Las Palmas (Femepa) y la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) han acordado crear una agenda única de cooperación para sensibilizar al Gobierno de Canarias en la necesidad de establecer medidas tendentes a la participación significativa de las empresas operadoras en el archipiélago, en relación a la importante financiación europea destinada a la recuperación económica.
La medida ya acordada entre las dos organizaciones busca que en los pliegos de condiciones las empresas canarias no sean comparsas de operadores nacionales e incluso a los fondos de capital riesgo no canarios, «que carecen de vocación de permanencia y de conformar estructuras estables, ya que solo acuden a las obras con efecto “compra”, es decir, sin intención de ejecutarlas y subcontratándolas, por tanto, al 100%». De esta forma, hacen recaer el esfuerzo de sus bajas a las empresas canarias que son, posteriormente, contratadas para desarrollarlas, colocando en clara desventaja a estas últimas, que cuentan con estructura, historia y vocación de actuar en este mercado de manera noble y estable.
No obstante, en el Plan de Reactivación Económica de Canarias se determina que estos sectores no solo están llamados a protagonizar el repunte económico, sino que serán el gran motor de actividad en los años venideros, sirviendo de colchón a las graves caídas de otros sectores económicos que sufren duramente las consecuencias de la pandemia y, por extensión, a las personas trabajadoras que han perdido sus expectativas de empleo.
Las patronales propondrán que se declare de interés público las inversiones en infraestructuras, con el fin de promover una oleada de licitación pública, ya que ello llevaría aparejada la declaración de urgencia de los procedimientos administrativos con vistas a su licitación y adjudicación, así como el establecimiento de un Pliego de Condiciones que no favorezca la piratería con la inversión pública para dar la oportunidad a las operadoras de concurrir en igualdad de competencia en Canarias.
Por otro lado, se solicita declarar de interés público el Plan de Vivienda de Canarias, pues se debe satisfacer la gran demanda de viviendas protegidas (17.000), al tiempo que se debe garantizar los niveles de sostenibilidad medioambiental a través de una intensa actividad rehabilitadora. Dicho plan ha sido aprobado en el Parlamento de Canarias, donde también se ha validado un Decreto Ley que permitirá un mejor margen de actuación en su desarrollo. Por consiguiente, se antoja urgente volcar la financiación disponible de manera intensiva.
