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De Kokorev a 18 Lovas: las consultoras godas vuelven a estamparse en Canarias




El desprecio a la Justicia y medios insulares en Canarias de las consultoras procedentes de la Península para ‘encauzar’ a la opinión pública sobre asuntos turbios en la islas ha saltado por los aires. Las agencias que mezclan defensa en medios y judiciales que han estado operando desde la Península en Canarias con la defensa de afectados por casos de corrupción financiera Kokorev o 18 Lovas, han vuelto a estallarse en Canarias. De nada ha servido acosar a jueces, fiscales, periodistas, abogados o investigadores de la AEAT. La sociedad civil en Canarias, en silencio, están con ellos, por su excelente trabajo en defensa de la democracia y contra el golferío industrial de carga misógina.

Han sido años de ataques permanentes donde en el caso Kokorev se han empleado a fondo hasta periodistas del mundo de la farándula en un intento de rebajar las cuestiones de tribunales de las islas en asuntos de bajo nivel. Años de trabajo sucio exponiendo a la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano hasta perfiles de sus redes sociales o al fiscal anticorrupción Javier Ródenas intentando generar asesinatos de imagen. Todo, como sin Canarias fuese un territorio del tercer mundo, ajeno a la UE. Un modelo parecido al desarrollado en la Península haciendo ver que el juez Rafael Passaro Cabrera o la fiscal Inés Herreros estaban perdidos.

 

El caso más sangrante ha sido en el del caso Kokorev. El Juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la apertura de juicio oral contra el empresario ruso nacionalizado español Vladimir Kokorev, su esposa Yulia Maleeva y su hijo Igor por un delito de «blanqueo de capitales en el comercio corrupto de material de defensa».

Desde la Península se ha hecho casi de todo para tapar la trama Kokorev como difusión de fotos de la jueza y fiscales en medios digitales creados precisamente para la ocasión. El auto de apertura de juicio en la Audiencia de Las Palmas, contra el que no cabe recurso, han debido aportar fianzas que suman 721 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades civiles en esta causa: 321 millones Vladimir, 200 millones su esposa y 200 millones su hijo. En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de ocho años de cárcel y multas de hasta 240 millones de euros para los Kokorev, a los que acusa de haber blanqueado ganancias millonarias presuntamente obtenidas de vender a Guinea Ecuatorial material militar a precios que incluían «notorios sobrecostes».

Los cargos sobre los que la Justicia española puede exigir responsabilidades a los Kokorev están limitados al delito de blanqueo de capitales por las condiciones que Panamá puso en 2015 para extraditarlos, cuando fueron arrestados en ese país. La Fiscalía española describe a Vladimir Kokorev como el «jefe de una organización criminal transnacional» dedicada al «comercio corrupto de material militar de defensa y doble uso».

Anticorrupción sostiene que los Kokorev consiguieron generar «una riqueza ilícita millonaria de, al menos, 120 millones de euros, en el período comprendido entre los años 1999 y 2014», suministrando armas al Gobierno de Teodoro Obiang. En concreto, precisa, esa riqueza «ilícita» se amasó con los negocios que los Kokorev lograron hacer durante el proceso seguido por la República de Guinea Ecuatorial para dotarse de una Armada.

«Esa actividad, jamás declarada y siempre ocultada», dice la Fiscalía, fue realizada a través de dos empresas panameñas (Kalunga Company SA e Intracoastal Trading) y otra de las Islas Scheychelles (SJ Marine Company Ltd.)», que dieron «cobertura» a los «múltiples contratos» celebrados por Vladimir Kokorev. «Todos realizados con notorio sobrecoste y sobrefacturación imputados al Tesoro Público de Malabo, de venta de armamento militar, de guerra y de infraestructuras navales, vendidos en connivencia con funcionarios y altos dignatarios militares al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial», continúa.

En este procedimiento, el Ministerio Fiscal exige que se imponga a la familia una multa que suma 540 millones de euros (240 millones a Vladimir, 150 millones a Yulia y 150 millones a Igor). En cuanto a las penas de prisión, demanda ocho años de cárcel para Vladimir Kokorev y cinco años tanto para su esposa como para su hijo. Anticorrupción también formula los mismos cargos contra un letrado de Gran Canaria que supuestamente colaboró en el blanqueo, Juan José Arencibia, y dos hermanas de este, para los que pide penas de cinco años de cárcel y multas de 100, 10 y 7 millones de euros.

En su anterior auto sobre el caso, la juez instructora cifró en 450 millones de euros los ingresos que los Kokorev habrían obtenido vendiendo a Guinea Ecuatorial «buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza, bombarderos y armamento militar de doble uso». La instructora sostiene además que los Kokorev y sus colaboradores ganaron 100 millones de euros «inflando los costes» de ese material, con la colaboración de dos asesores y tres parientes del presidente Obiang con cargo en las Fuerzas Armadas o el Gobierno guineano (un yerno, un primo y un sobrino), de los que asegura que recibieron comisiones por parte de los procesados.

El empresario Vladimir Kokorev niega que ni él, ni su esposa Yulia Maleeva, ni su hijo Igor Kokorev hayan sobornado o pagado comisiones a parientes y asesores del presidente de Guinea Ecuatorial para facilitar la venta de armas a ese país. La familia asegura que las relaciones comerciales con Guinea Ecuatorial las entabló Vladimir Kokorev, sin participación de su esposa ni de su hijo; no fueron ilícitas y consistieron en el suministro de «barcos de transporte de mercancías y personas, así como helicópteros, lanchas patrulleras y otros bienes».


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