Chárter Marítimo: los recursos sobre el «Poong Lim 11», en el aire

Flojos y con vistas a seguir recurriendo a instancias superiores. El recurso presentado por la Fiscalía de Las Palmas contra la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria al buque «Poong Lim 11», al que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideraban responsables del vertido ocurrido en enero de 2016 en el puerto de La Luz, que atribuían al hundimiento del barco, apunta a defectos de forma en la declaración de un testigo por videoconferencia. La Fiscalía admitió el testimonio y participó en el interrogatorio en sede judicial. Ahora sostiene que ese formato de comparecencia tiene visos de no útiles.

El recurso presentado por los servicios jurídicos del Estado intenta desmontar la sentencia y cuestiona la posición de la jueza cuando afirma que «no ha podido determinarse ni acreditarse fehacientemente que el vertido contaminante procediera precisamente del pecio hundido», según señala la magistrada Mónica Oliva en los hechos probados de la sentencia sobre Chárter Marítimo.

El fiscal de Medio Ambiente, Carlos Fernández Seijo, y la Abogacía del Estado acusaban al matrimonio de un delito contra el medio ambiente por el que pedían una condena de un año y once meses de cárcel y una multa de 3 millones de euros a Chárter Marítimo. La Abogacía del Estado incide en la petición de culpa contra la esposa del propietario de Chárter Marítimo cuando en el juzgado se declaró que era meramente instrumental a efectos mercantiles.

Además, la Abogacía del Estado mantiene la petición de indemnización de 1,7 millones de euros por los gastos que tuvo que afrontar la Autoridad Potuaria para la limpieza de la bahía y el reflotamiento y desguace del barco, cantidad que la Fiscalía solicitaba que se fijara en la sentencia.

La sentencia examina la posible responsabilidad de Chárter Marítimo en la contaminación que sufrieron aquellos días la playa de Las Alcaravaneras y varios puntos del puerto desde varios planos: si la empresa incumplió algún contrato con la Autoridad Portuaria, si fue responsable del hundimiento, si incurrió en dejadez tras el naufragio y si el vertido contaminante procedía de su pesquero.

La Abogacía del Estado incide en rechazar que la sentencia de la magistrada cuando ha dictado que Chárter Marítimo no estaba obligada a retirar residuos oleosos del «Poong Lim 11» por los contratos que tenía con la Autoridad Portuaria e intentó reaccionar con rapidez tras descubrirse el naufragio, siendo frenada inicialmente por las autoridades.

En cuanto al naufragio, la abogacía del Estado sí considera que quepa achacarlo a la empresa, ya que la escena que grabaron las cámaras de seguridad apuntan a una rapidez que no permite descartar la versión de los acusados, según la cual alguien hurtó unas válvulas, lo que comprometió la estanqueidad del pesquero. La magistrada tachaba de «suposiciones» que las acusaciones señalen que el «Poong Lim 11» era utilizado para almacenar ilegalmente combustible, algo que duda de que se pudiera hacer estando abarloado a otro buque sin que lo captaran las cámaras de vigilancia o lo descubriera la Policía Portuaria.

Respecto al origen del vertido, la juez subraya que hay constancia documental, en forma de grabaciones de llamadas de alerta, de que varias manchas importantes de hidrocarburos habían entrado en el espacio del puerto de La Luz desde el exterior. En la sentencia recurrida se indica que «por lo tanto, si está desde antes del hundimiento y viene desde el exterior del muelle, no puede afirmarse que la misma procediera del pecio hundido de la entidad encausada», razona la magistrada, que recuerda además que los buzos que inspeccionaron el «Poong Lim 11» ya hundido no apreciaron semejante fuga de hidrocarburos. Finalmente, encuentra varios errores de partida en las simulaciones que hizo Salvamento Marítimo para deducir el posible origen del vertido, simulaciones utilizadas también como prueba de cargo por las acusaciones.