Los servicios jurídicos de Chárter Marítimo han ganado la partida al Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La empresa y sus directivos han sido absueltos por la juez tras la tortura judicial a la que han hecho frente desde 2016, que la ha llevado a la empresa a la concursal. El fiscal y la Abogacía del acusaban a los dueños del buque «Poong Lim 11» y propietarios de la empresa Chárter Marítimo, al entender que había quedado probado que su hundimiento el 20 de enero de 2016 causó el mayor vertido que ha sufrido en años el puerto de La Luz. La sentencia es firme y absuelve por completo a la propiedad. El letrado de la defensa ha recalcado que no se ha probado que sus clientes sean los responsables del vertido, pero sí se ha evidenciado que la Autoridad Portuaria de Las Palmas era como «el camarote de los hermanos Marx».
La magistrada ha considerado la tesis de la defensa, que denunció «disparates» que, bajo su criterio, contenía la causa. Las defensas ejercidas por los letrados José María Guerra y Luis Cuyás. Los acusados habían reclamado justicia y manifestado haber sido objeto de «persecución» y «condena desde el minuto 1» por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Los procesados se enfrentaban a una pena de un año y once meses de prisión y al pago de una multa de 3 millones de euros, así como al abono de los gastos de más de 1,5 millones de euros que la Autoridad Portuaria destinó a la limpieza de residuos, que duró más de un mes, y reflote del pecio.
El fiscal de Medio Ambiente, Carlos Fernández Seijo, dijo en el juicio que la defensa había efectuado una labor «loable» y la Abogacía del Estado decía que su tesis era basada «científicamente». El pesquero hundido estaba pendiente de desguace, tenía más de 50 años y estaba en «condiciones deficitarias» y su vigilancia, al igual que el resto de buques del puerto que pudieran generar peligro.
El abogado Guerra se preguntó en el juicio cómo es posible que, ante el vertido «más importante en años» del puerto de La Luz, ninguno de sus responsables se interesara por si hubo avisos de fugas, que los hubo por parte de un barco y por la pérdida de combustible de una arqueta en el muelle de León y Castillo desde hacía dos meses y que figuran en el origen de la causa.
En su opinión, lo ocurrido obedecía a la «incompetencia, negligencia o falta de la verdad» de los responsables de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de cuyo hundimiento del buque, abarloado en el muelle Cory Naciente, no se enteró hasta dos días después.
Desde la defensa se insistió en que el «Poong Lim 11» solo originó una mancha de 40 metros de largo por otros tanto de ancho y que tenía un litro de combustible, pues la poca cantidad que salió por un pequeño orificio del buque a partir del día 23 se taponó ese día.
Luis Cuyás, que defiende a Chárter Marítimo, había reiterado que los hechos no eran constitutivos de delitos contra el medio ambiente y que la empresa no contravino las leyes de protección medioambiental y ha apuntado que ninguna normativa obliga a descargar el combustible que un buque tiene a bordo, salvo si sale del puerto.
Así mismo, ha recalcado que no se aporta «ninguna prueba» en el procedimiento que obligue a Chárter Marítimo a pagar la cantidad que se le exige y que están pendientes de los recursos contenciosos administrativos planteados por la empresa. La acusada Ana María L.L., en su derecho a la última palabra, ha manifestado que a su empresa se le «condenó desde el minuto 1» sin derecho a la presunción de inocencia y que el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, se «encargó de hacer una campaña de acoso y derribo» en su contra.
Hasta el momento en que ocurrieron los hechos, Chárter Marítimo era una «empresa saneada y ahora está en concurso y prácticamente en quiebra», ha añadido. Ezequiel R.S. ha defendido la profesionalidad y buen trabajo de su empresa y ha afirmado haber sido objeto de una «persecución implacable» para que su labor la continuaran los «amigos» de quienes estaban al frente de la Autoridad Portuaria, y que rescindieron el contrato que se les había adjudicado porque les hacían «la vida imposible». Y prueba de que hicieron bien su trabajo es que les devolvieron la fianza que tuvieron que aportar, ha subrayado el acusado, quien ha lamentado que tardaran un año en reflotar el «Poong Lim 11» y criticado la forma en que se contrató a la empresa a Ardentia Marine, «sus amigos», para que se hiciera cargo.
