spot_img

Centurion Law se persona contra el excomisario Villarejo por fraude en África




El despacho Centurion Law Group confirmó este miércoles a Puertos928 que ha enviado una solicitud oficial a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, exigiéndole «acciones para proteger a las víctimas» en África occidental del excomisario José Manuel Villarejo y del periodista Delfín Mocache Massoko «y garantizar la total transparencia en el trato con este asunto», dijo Nj Ayuk, director ejecutivo de Centurion Law Group.

De acuerdo con diario Público, Francisco Menéndez trabajaba en Gepetrol, la empresa de hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, y es quien remitió, a través de un tercero, la documentación sobre los 4,5 millones que pagó al comisario y a su socio por el Proyecto King, para favorecer a una facción de la familia Obiang frente a otra. El intermediario fue el ex comisario de Barajas, Carlos Salamanca. Pagó 4,5 millones de euros al comisario y a su socio, 1,6 millones en Panamá y los otros tres en pagos fraccionados en metálico. El mediador fue su amigo y padrino de su hija, Carlos Salamanca, ex comisario del aeropuerto de Barajas que ha sido desimputado en la causa Tándem que investiga la Audiencia Nacional.

Centurion Law ha apuntado que «esta no es la África del pasado. Esta ya no es la África donde la gente trabajadora será intimidada para sucumbir a los estafadores porque son de Europa» y que «ambos cómplices están acusados ​​de haber recibido 5 millones de euros por espiar, fabricar, retocar y presentar información dañina contra empresarios africanos negros y judíos y funcionarios gubernamentales, dañando gravemente su reputación y capacidad para hacer negocios en el continente».

Centurion ha pedido en particular a las autoridades españolas «que divulguen toda la información sobre este asunto a las víctimas y al público». «Los funcionarios españoles tienen la obligación de revelar cuánto de los 5 millones de euros recibidos por Villajero se pagó al bloguero de Guinea Ecuatorial Delfín Mocache Massoko y sus asociados para fabricar, retocar, extorsionar y distribuir historias falsas a los medios».

Asimismo, insta a conocer «qué otras entidades recibieron financiamiento de estos cómplices para arrojar su trabajo a funcionarios, espiar a escolares y familias, y tratar de difamar a cualquier asociado con ellos».

«España es muy apreciada en todo el mundo por la solidez e independencia de su sistema judicial. Tal asunto es una prueba para el estado de derecho del país y su capacidad para hacer frente a esos crímenes y la impunidad que involucra a decenas de víctimas. A medida que avanza el caso, la transparencia seguirá siendo la piedra angular de un juicio justo y un trato justo. Le debemos a todas las víctimas que necesitan un cierre compartir con ellas todas las transcripciones y la información relacionada con el caso», apostilló Nj Ayuk.


Últimos artículos

Contenido relacionado