Buque Wadowice II: de recoger a ilegales muertos y traerlos a Canarias a la mala suerte con su cuadro eléctrico

Corría octubre de 2020 cuando el buque Wadowice II se cruzó en el mar con una patera y acabó en Las Palmas con el ingreso en prisión sin fianza del presunto patrón de la patera en la que 17 personas murieron de hambre y sed tras quedarse durante dos semanas a la deriva y sin provisiones, hasta que sus supervivientes fueron socorridos por el buque mercante. Fue a 370 kilómetros al sur de Canarias cuando el ercante Wadowice II, por azar, localizó la embarcación, en la que ya sólo viajaban diez personas. Una de ellas pereció ya en su cubierta. El patrón lanzó al agua a inmigrantes que estaban vivos.

Este mes de abril el buque Wadowice II tuvo un incidente en las aguas de la bahía del Puerto de Las Palmas, muy próximo a la costa. El práctico que estaba a bordo y la empresa remolcadores Boluda reclaman un millón de euros cada uno por sus actuaciones al respecto. Asocelpa ha denunciado que «la actuación del práctico y los remolcadores es doblemente grave porque la embarcación que impidió que el Wadowice II derivase hacia la escollera fue la gabarra de suministro MasPalomas, no ha hecho ninguna reclamación al respecto»

Y es que el día 26 de abril el buque se dirigía hacia la escollera a las 09:45 horas y el patrón de la MasPalomas colocó a su embarcación a la altura de la proa de Wadowice II. Precisamente, «el práctico reclamante se encontraba a bordo del buque y le indició al patrón que empujara la amura de estribor para desviarlo del rumbo hacia la escollera. Cuando el Wadowice II navegaba rumbo al sur sin peligro acudieron los remolcadores Adriático y posteriormente el Tamarán del grupo Boluda», afirma Asocelpa.

Para Asocelpa el buque ha sido retenido por el Tribunal Marítimo hasta que haga frente a la reclamación económica, «ya que se produce el anacronismo de que el servicio de prácticos depende del Ministerio de Defensa». Asocelpa entiende «que no hay razones objetivas de reclamar un rescate en aguas portuarias, y menos si lo realizan dos servicios públicos tutelados por la Autoridad Portuaria, como son los servicios de práctico y remolque» y que «nunca en la historia del Puerto de La Luz se había llagado una situación similar y mucho nos tememos que este precedente va a crear una imagen internacional muy negativa del recinto grancanario, que puede pasar a ser considerado poco fiable por este tipo de actuaciones oportunistas».

Asocelpa apoya las manifestaciones del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, «y le insta a que tome las medidas que sean de su competencia para reconducir este proceso tan grave para el Puerto de Las Palmas», reza un comunidado de la organización empresrial. A juicio de la patronal «a corto plazo advirtiendo a los reclamantes de que su proceder abusivo no sólo daña al armador del buque en cuestión, sino a la fiabilidad del Puerto de La Luz» y apunta que «a medio y largo plazo, propiciando el cambio pertinente de normativa, ya sea a través de la modificación de la Ley de Puertos, para que esta situación de impunidad no se vuelva a producir».

La tragedia de la patera

El Juzgado de Guardia en Las Palmas de Gran Canaria ordenó en octubre de 2020 el prisión sin fianza del presunto patrón de la patera en la que 17 personas murieron de hambre y sed tras quedarse durante dos semanas a la deriva y sin provisiones, hasta que sus supervivientes fueron socorridos por un buque mercante, el pasado 19 de octubre. El magistrado imputa al acusado, el ciudadano marroquí Khalid E.M., un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 17 homicidios por imprudencia.

La historia de esta patera es la que transcendió a principios de esta semana a través de uno de sus supervivientes, un chico de 17 años que contó en Canarias al pediatra que le atendía la tragedia por la que había pasado: ver morir en el mar a 16 de sus 25 compañeros de patera y tirar sus cuerpos por la borda. La víctima número 17 falleció a bordo del buque Wadowice II, detalla el auto.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria entiende que de las pruebas practicadas y las testificales recibidas se puede considerar acreditado que el pasado 5 de octubre, «con ánimo de lucro y de entrar ilegalmente en territorio español”, el acusado, con ayuda de un tercero, que falleció, organizó un viaje clandestino hacia la costa canaria.

El investigado ha sido identificado «no solo por personas que viajaban en la patera», sino por grupos de familiares de los fallecidos.
Además, algunos supervivientes han denunciado al investigado en Marruecos por estos hechos, ya que aseguran que era «el encargado de cobrar y actuar como patrón de la patera», señala el auto.

Según el auto judicial, el acusado cobró unos 1.500 euros) por viajar en la patera, partió de un zona situada entre la ciudad de Dakhla y Bojador, conocida como Intlam con 24 personas a bordo, más el investigado y un colaborador. La embarcación era de madera y fibra y carecía de aprovisionamiento y de los mínimos elementos de seguridad, y contaba con un GPS que llevaba el colaborador que se rompió y «algunos de los pasajeros portaban chaleco salvavidas del que se habían autoprovisto”, detallaba en 2020 el magistrado.

El viaje estaba previsto que durara dos días, pero las condiciones meteorológicas fueron empeorando e incrementando el nivel de consumo de combustible hasta que se agotó, por lo que quedó a la deriva pese al intento de utilizar unos toldos a modo de velas.
Cinco días después se acabaron las pocas provisiones que llevaban y a los pocos días falleció el primero de los viajeros, al que se tiró al mar, y posteriormente otros 15, «que los supervivientes, en los momentos que conservaban la consciencia, arrojaban al mar», entre ellos el colaborador del investigado, el único de los viajeros que no era de nacionalidad marroquí, relata el magistrado.