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Bankinter pagará a las víctimas portuarias de estafa financiera en Las Palmas




El Tribunal Supremo ha emitido este verano una sentencia que da la razón a empresarios portuarios de Las Palmas que colocaron ahorros un híbrido de Madoff canario. Como se ha declarado insolvente Liberto Ursino Martín de la Rosa, el Supremo no cierra la puerta a que sea Bankinter quien deba hacerse cargo de las indemnizaciones, intereses y costas procesales dado que era la entidad con la que gestionaba el empresario tinerfeño con operaciones en Las Palmas. Hay al menos una decena de empresarios del sector portuario afectados.

En 2019 la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a dos años de prisión al pequeño Madoff canario. Liberto Ursino Martín de la Rosa estafó entre 2004 y 2009 más de 3,5 millones de euros a 31 inversores de las islas que le confiaron distintas cantidades de dinero para adquirir productos financieros a través de la empresa Tax Finanzas y Mercados, una franquicia de la que era delegado Martín. A todos los engañó simulando que sus ofertas de fondos de inversión estaban avaladas por la entidad bancaria por la que estaba contratado, Bankinter.

El fallo también declaraba la responsabilidad civil subsidiaria del banco en la restitución de los fondos. En el juicio oral, el acusado admitió su culpa, pero Bankinter se mostró disconforme. La Sala ordena ahora que la entidad debe hacerse cargo directo del pago de más de 1,1 millones de lo estafado en el caso de que el condenado no tenga solvencia suficiente para asegurar que los perjudicados recuperan todo lo defraudado.

Según la sentencia ratificada en 2019, Martín de la Rosa, natural de La Laguna y de 61 años en la actualidad, «llevó a cabo una actividad de captación de capitales, valiéndose de la condición de agente de la entidad bancaria Bankinter que por contrato tenía la mercantil creada por él, Gran Canaria Consultores y Asesores S.L., de la que era socio y administrador único, y estando por ello en posesión y autorizado por Bankinter para utilizar los impresos del banco y sus sellos». Su conducta consistía en ofertar principalmente fondos de inversión prometiendo unos intereses extremadamente altos -entre el 7,20 y el 18,50% del capital invertido-, beneficios que se devengaban mensualmente y que se iban incorporando al capital para seguir rentando y que eran pagaderos anualmente.

De esta manera, con productos financieros que no eran acordes con lo que estaba estipulado en el mercado, Martín de la Rosa consiguió que numerosas personas le entregaran grandes sumas de dinero «convencidas de que estaban contratando un producto respaldado por Bankinter, cuando en realidad el acusado no concretaba contrato alguno». De hecho, para crear la apariencia de lo contrario, proporcionaba a sus clientes extractos de posiciones, así como contratos de apertura de los supuestos fondos de inversión que él mismo confeccionaba, según la sentencia de 2019.


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