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Argentina rastrea pagos de servicios a plataformas que huyeron a Las Palmas antes de ir al desguace




La foto corresponde a un intercambio de maletas en la cubierta de la plataforma Eirik Raude en el puerto de Las Palmas. Los operadores, tras ese acto, procedieron a bajar al puente de mando.

La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y la Secretaría de Energía han dado órdenes para conocer la cobertura técnicas que se prestó por empresas de reparaciones navales de Las Palmas a plataformas petrolíferas como Eirik Raude y que habrían escapado del control argentino sobre prospecciones y extracciones de crudo en las aguas territoriales que disputa con el Reino Unido. Este octubre la petrolera británica Harbour Energy decidió retirarse de la explotación de Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas después de que el Estado argentino anunciara en julio pasado sanciones y un proceso de inhabilitación por «exploración ilegal».

Eirik Raude ha pasado por Las Palmas en diversos momentos. En 2010 hizo descubrimientos en el depósito de petróleo Sea Lion cuando era propiedad de la noruega Ocean Rig, en una campaña que iba a durar dos años y culminó de manera anticipada en 2016. Argentina interpreta que desde el puerto de Las Palmas hay empresas de reparaciones navales que prestan asistencia a sociedades que habrían incurrido en proceso de inhabilitación, en el marco de la ley 26.659. Entre otras, afecta a proveedores de Chrysaor Holdings Limited, Harbour Energy Plc y Navitas Petroleum por la realización de actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en la Cuenca de Malvinas Norte, encuadrado en el proyecto Sea Lio” que se lleva adelante con licencias ilegales de las autoridades ilegítimas de las Malvinas.

La ley argentina establece «proceso de sanción a empresas que están vinculadas a la a la exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina y en la Cuenca de Malvinas Norte sin autorización del gobierno argentino». Las leyes 26.659 de Hidrocarburos de 2011, y la modificación, la 26.915 del año 2013, son taxativas respecto de la prohibición de explorar o explotar hidrocarburos «en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino”.

Buenos Aires sostiene que la acción que está tomando Argentina está apoyada por un conjunto de declaraciones de diversos organismos multilaterales: la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el G77 + China, la CELAC, el Mercosur, la Cumbre Iberoamericana de la que forma parte España. Este último apoyo de España data del mes de junio de 2021.

Todas han defendido la Resolución 2065 de las Naciones Unidas para que haya una negociación directa bilateral como forma de resolución definitiva y pacífica del diferendo con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas y también han apoyado al derecho de Argentina de iniciar las acciones que hoy anunciamos a raíz de las violaciones a la Resolución 3149 de Naciones Unidas que plantea que ninguna de las dos partes puede tener algún tipo de acción unilateral sin autorización de la otra”.

“Además han ocurrido varios accidentes que, por ahora, no tuvieron ninguna consecuencia. Existe un enorme riesgo ambiental de un accidente con consecuencias que pueden llegar hasta la Antártida”, defiende la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. En cuanto al procedimiento, una vez iniciadas las mencionadas actuaciones administrativas, seguirá la notificación a dicha empresas por intermedio de la cancillería argentina.

Asimismo en 2015 desde la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal se promovió la denuncia penal de distintas empresas extranjeras desarrollaron actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Atlántico, en proximidades de las Islas Malvinas sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina


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