Admitidos los recursos al fallo que declaraba inocente a Chárter Marítimo

Las autoridades judiciales de Las Palmas han admitido a trámite el recurso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas que declaraba inocente a Chárter Marítimo, según fuentes oficiales. Además de la Autoridad Portuaria lo ha hecho el fiscal que argumenta en su escrito que hubo personas que declararon de forma telemática cuando debían hacerlo en persona.

Los recursos rechazan la tesis de la juez, que subrayaba que había constancia documental, en forma de grabaciones de llamadas de alerta, de que varias manchas importantes de hidrocarburos habían entrado en el espacio del puerto de La Luz desde el exterior. La prioridad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es que no se repita juicio.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a través de la Abogacía del Estado, recurre la sentencia que absolvió al matrimonio propietario del buque «Poong Lim 11» del vertido ocurrido en enero de 2016 en el puerto de La Luz, el mayor en años, como había ha anunciado su presidente, Luis Ibarra.

La Fiscalía de Medio Ambiente también recurre el fallo dictado por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, por entender los técnicos de la Autoridad Portuaria, de Salvamento Marítimo y de Capitanía Marítima que fue el «Poong Lim 11» el causante del vertido tras su hundimiento.

La sentencia en los hechos probados señalaba que no se había podido determinar ni acreditar «fehacientemente que el vertido contaminante procediera precisamente del pecio hundido». Los servicios jurídicos del Puerto de Las Palmas consideran que existen argumentos «sólidos» para recurrir el fallo tras el análisis de la versión ofrecida por los peritos que aportó la defensa, escasos días antes de que se iniciara el juicio, y en la que argumenta la jueza Mónica Oliva su sentencia.

Los servicios jurídicos del Puerto de Las Palmas consideran que las acusaciones no pudieron estudiar en profundidad entonces los estudios que defendieron el ingeniero técnico naval y doctor en Ciencias del Mar Ernesto Madariaga y el doctor en Marina Civil y experto en análisis de accidentes y riesgos marinos Francisco Correa, ambos profesores de la Universidad de Cantabria.

El fiscal de Medio Ambiente, Carlos Fernández Seijo, y la Abogacía del Estado acusaban a la empresa de un delito contra el medio ambiente por el que pedían una condena de un año y once meses de cárcel y una multa de 3 millones de euros. Además, la Abogacía del Estado reclamaba una indemnización de 1,7 millones de euros por los gastos que tuvo que afrontar la Autoridad Potuaria para la limpieza de la bahía y el reflotamiento y desguace del barco, cantidad que la Fiscalía solicitaba que se fijara en la sentencia.