¿A qué se enfrentan los patronos de la Fundación Puertos Las Palmas?

La Fundación Puertos Las Palmas tiene dos posibles caminos: concursal o desguace. El descontrol en las compras en los últimos años por parte de la gestión del PP va camino de convertirse en un proceso complicado que puede acabar en los juzgados. El PSOE ultima la salida del sector público de la entidad y que se haga cargo de ella operadores privados. Antes, habrá que vaciarla de patrimonio y deberá devolver a la Autoridad Portuaria de Las Palmas aspectos como un inmueble del mismo nombre. ¿Qué futuro le espera a una fundación donde sus ingresos han estado llegando vía informes de licitaciones y proyectos de la UE con fecha de caducidad? No existe norma legal que impida, declarado el concurso de una fundación, que cualquier persona interesada pueda ejercitar contra los patronos la acción individual.

¿Suspensión de pagos? Sí, las fundaciones pueden ser declaradas en concurso y, en este sentido, resulta de aplicación a los patronos el régimen de responsabilidad concursal previsto en el artículo 172.3 de la Ley Concursal. Los criterios de exoneración de responsabilidad civil podrían utilizarse asimismo para modular la responsabilidad concursal. A estos efectos, los criterios que principalmente deben ser tenidos en cuenta para valorar la diligencia seguida por cada patrono e individualizar su responsabilidad. Como el que ha tomado la iniciativa de poner en conocimiento presuntas irregularidades es su presidente, Luis Ibarra, tras las noticias de Puertos928 está fuera de cualquier responsabilidad legal.

¿Pero, y el pasado? Depende de la autopsia a la gestión de la entidad los acontecimientos del futuro. Hay patronos privados que han vendido servicios sin el debido celo profesional a la propia Fundación Puertos de Las Palmas. Y hay patronos que forman parte de entidades que a su vez han sido subcontratadas por la Fundación Puertos de Las Palmas. Lo que antes era normal eso desde 2015 no lo es (tras las noticias de Puertos928 abrió perfil del contratante que era obligatorio y ya se le advirtió de ello en 2012) y ahí es donde está el asunto: que no ha prescrito nada. Se debe considerar si se ha actuado de forma negligente -generando o agravando la situación de insolvencia de la misma- por realizar una gestión antieconómica «sin adoptar decisiones encaminadas a evitar el incumplimiento de obligaciones actuales o inminentes», dice la norma.

¿Cuál es la responsabilidad del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas? Ninguna. Un informe de Uría consultado por Puertos928 sentencia: «los patronos de la fundación que no hubiesen intervenido en la maquinación de la irregularidad contable si estuviesen informados de la documentación preparada y no hubiesen adoptado medidas para aclarar y solventar la situación podrían ser declarados culpables, sin perjuicio de que la condena que se imponga a cada uno de ellos podría ser distinta atendiendo al grado de participación en la gestión y decisiones adoptadas».

¿Puede acabar imputado de delitos los gestores de la Fundación Puertos de Las Palmas? Sí. El contenido del artículo 48.2 de la Ley Concursal es clave. Y dice este artículo que corresponde al deudor contra sus órganos por los daños causados con su actuación a la propia persona jurídica, esto es, a la acción fundacional en sede de fundaciones (artículo 17.2 de la Ley de Fundaciones), legitimando al administrador concursal de la persona jurídica concursada para ejercitarla. Además, este precepto declara la compatibilidad de la acción concursal del artículo 172.3 de la Ley Concursal con las acciones que, en su caso, «establezcan las leyes reguladoras de las diversas personas jurídicas con respecto a sus administradores o gestores».